La reforma educativa: un paso hacia la privatización. Chile y México se acercan

El presidente de la República anunció en los primeros días del año un programa dirigido a los jóvenes que desean ingresar a una universidad privada, el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, que cuenta con una inversión de dos mil 500 millones de pesos, la cual se destinará a 23 mil estudiantes, en forma de crédito.

En Chile, la educación superior ha sido apropiada por la inversión privada, y la polarización en el acceso a ésta ha desembocado en una serie de descontentos por parte de los estudiantes y la sociedad, quienes se han manifestado en las calles demandando la calidad y gratuidad de la educación pública. En México, el presidente Felipe Calderón pareciera querer acercarse a tomar el camino chileno.

En mayo de 2007, Calderón expuso una propuesta de reforma educativa, que se basó en cinco puntos: mejor infraestructura; acceso a tecnologías de la información vanguardistas como Internet; la incorporación de la telefonía móvil al proceso educativo; el uso intensivo de las computadoras, y la vinculación de la educación a las necesidades productivas del país. En ningún momento se mencionaron los problemas estructurales, como el acceso, los materiales educativos y la calidad de la educación.

Tres años después, el presidente insistió en el tema. En una reunión ante rectores de universidades de todo el mundo, expresó que la educación superior debe ser entendida como un bien público, con el cual se pueda dar un ambiente de competencia que permita el pleno desarrollo y la mejor calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, en la misma reunión el rector de la UNAM puso énfasis en la necesidad de que las universidades sean tomadas en cuenta para la toma de decisiones y, además, que se canalicen más recursos para la educación superior pública.

El presupuesto se ha estancado y la cobertura también, y nos hemos rezagado con relación a otros países de América Latina. A pesar de esta declaración, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, el gobierno federal eliminó el programa Enciclomedia y se hizo caso omiso a las demandas de las universidades y de las instituciones de educación media superior, pues las secretarías de Educación estatales exigían recursos por 15 mil millones de pesos, de los cuales sólo la tercera parte se planteó en el presupuesto. Asimismo, en el rubro de construcción y equipamiento de espacios educativos, culturales y deportivos se redujo su presupuesto en seis millones de pesos respecto al año previo.

En contraste a las declaraciones de 2010, en 2012 la postura del presidente parece contradecir la dicha en el sentido de que “la educación es un bien público”. Ahora de lo que se trata es apoyar a un grupo selecto de universidades privadas y un esquema de deducibilidad de colegiaturas en los niveles básicos de educación privada.

Es evidente, para muchos, que la educación a nivel superior tiene problemas de desigualdad, iniquidad, grandes obstáculos en el acceso, heterogeneidad en la calidad educativa, entre otros. Como respuesta a esto surge el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior. El modus operandi del programa se basa en la asignación de créditos a los estudiantes que deseen ingresar a una licenciatura o a un posgrado de los 21 centros de educación superior seleccionados. La asignación de recursos corresponde a 215 mil pesos para un estudiante de licenciatura y 280 mil para posgrado, a los cuales fue asignada una tasa de interés de 10 por ciento, en un esquema de 15 años. Después de terminar los estudios para los que fue concedido el préstamo, los egresados tendrán seis meses para incorporarse al mercado laboral y comenzar a abonar recursos.

Este planteamiento resulta el más claro indicio de la postura del gobierno federal hacia la privatización de la educación superior. Los estudiantes, al final de sus estudios, pues, tienen que hacer frente a deudas de 30 mil dólares.

Haciendo un ejercicio simple, si un estudiante toma un crédito por los 280 mil pesos para estudiar un posgrado y no realiza ningún abono en 15 años, con una tasa de interés del 10 por ciento, y asumiendo una tasa compuesta, el monto de la deuda puede llegar a ser de un millón 170 mil pesos al cabo de 15 años. Es decir que casi se quintuplicaría el monto inicial, causando una limitante de recursos futuros de las familias, y transfiriendo recursos al selecto grupo de universidades privadas y bancos comerciales.

Lo mismo ocurre en Chile. Qué lástima que las lecciones que aprende el gobierno sean las malas lecciones y las que incrementan la desigualdad. ¿Será que es mal alumno, o es malo como alumno?

Por Roberto Escalante Semerena. Catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Copyright © El Financiero

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